Diseñar una fórmula para incentivar todavía más el retraso de la edad de jubilación fue el leitmotiv de la reforma de las pensiones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, completó el año pasado, con José Luis Escrivá al frente. Así, para estimular el alargamiento de las carreras profesionales, la Ley 21/2021 ofrece al pensionista dos vías para mejorar su prestación: por un lado, la posibilidad de sumar un porcentaje adicional del 4% a su pensión por cada año extra trabajado; o si lo prefiere, recibir un cheque en el momento de la jubilación con una cantidad variable de entre 5.000 a los 12.000 euros, aproximadamente. Un estudio publicado este lunes por Fedea, en el que se analiza el impacto de esta ley en 2022, concluye que tres de cada diez personas que decidieron retrasar su jubilación ese año se decantaron por cobrar el cheque. Sin embargo, según cálculos propios, la posibilidad de sumar un 4% adicional hubiera sido una opción más beneficiosa en ocho de cada diez situaciones.
En el documento Primeras valoraciones de los efectos de la Ley 21/2021 sobre la jubilación anticipada y demorada y estimaciones sobre el gasto en pensiones, el centro de estudios, patrocinado por empresas del Ibex, utiliza la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) del INE correspondiente a 2022 y la compara con la de 2021. Aunque solo tiene en cuenta las jubilaciones a las que se les ha aplicado la nueva normativa (también deja de lado las jubilaciones parciales, por no tener coeficientes reductores, y las jubilaciones anticipadas con coeficientes reductores pertenecientes al caso involuntario). Contraponiendo los resultados de ambos ejercicios, el texto concluye que gracias al nuevo marco normativo, el número de jubilaciones anticipadas disminuyó, al tiempo que las demoradas se incrementaron. Un choque que ha desembocado en el aumento de la edad ordinaria de jubilación, que en 2022 creció hasta los 64,8 años, y que un año más tarde, en 2023, superó por primera vez los 65 años.
Los nuevos comportamientos de los pensionistas se justifican a partir del aumento de las penalizaciones en los tramos en los que se producían mayoritariamente los abandonos anticipados, entre 22 y 24 meses —la nueva norma fija tramos mensuales y no trimestrales, como la anterior—, donde han pasado del 16% al 21%. Esto hizo que hace dos años se recortasen hasta la mitad (del 49,9% al 23,7%). En sintonía con estos movimientos, el estudio también constata que en los tramos en los que han disminuido los coeficientes reductores (entre dos y siete trimestres), el porcentaje de jubilaciones anticipadas aumentó, mientras que en los que ha crecido la penalización (ocho trimestres) disminuyó el porcentaje de jubilaciones.
“La excepción a esta regla ha sido la jubilación anticipada entre 1 y 3 meses (un trimestre), tramo en el que ha aumentado la penalización, pero también el porcentaje de jubilaciones anticipadas”, recalca el análisis. “Ello se debió a la importante revalorización de las pensiones de 2023 (8,5%), que hizo rentable anticipar la jubilación a diciembre de 2022 a los que les faltaban pocos meses para llegar a la edad legal de jubilación, ya que la penalización sufrida más que se compensaba con la revalorización aplicada a partir de enero de 2023″, apunta.
Sin embargo, los datos más destacados del estudio son los que analizan la preferencia de los pensionistas acerca de los distintos sistemas de bonificación que establecía la ley en 2022, puesto que desde el pasado 18 de mayo de 2023, es posible optar también por una fórmula mixta. De acuerdo con ese escrutinio, el texto indica que “el cheque se elige en uno de cada tres casos en los que es conveniente esta alternativa y en uno de cada cuatro casos en los que es mejor el 4% anual”; así, “se elige la mejor opción desde un punto de vista actuarial en el 64,4% de los casos”.
Aunque los registros determinan que la opción por el cheque único frente al aumento del 4% de porcentaje adicional de la pensión ha sido la preferida en el 28,1% de los casos, “un cálculo objetivo basado en una metodología financiero-fiscal-actuarial”, señala el texto de Fedea, “muestra que un 35,6% de los individuos no han elegido la mejor opción, lo que lleva a pensar que puede existir otro tipo de variables que ha influido en la decisión”. Aunque el informe no establece una relación directa por falta de información, sí que indica que algunas de estas variables son la situación económica, la necesidad de liquidez o el estado de salud. Fedea realiza estas proyecciones bajo el supuesto de que todos los jubilados hubieran diferido un año la edad de retiro.
