La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firmará este miércoles a mediodía con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo de diálogo social para la reforma del subsidio por desempleo tras el visto bueno de los órganos de dirección sindical al mismo. La reforma recupera la sobrecotización del 125% para los mayores de 52 años y fija en 570 euros (95%) del IPREM la ayuda durante los seis primeros meses.
A la firma del acuerdo, tal y como figura en las previsiones de Trabajo y confirman fuentes sindicales, no asistirán las patronales CEOE y Cepyme. Fuentes de la patronal indicaron este martes a Europa Press que la reforma del subsidio había sido más un proceso de consultas por parte del Gobierno que una negociación.
La reforma del subsidio por desempleo que finalmente ha salido de la mesa de diálogo social incorpora algunas novedades respecto a la que tumbó en enero el Congreso, entre ellas nuevas reglas para poder compatibilizar las ayudas por desempleo con un puesto de trabajo.
En concreto, esta reforma permitirá compatibilizar el subsidio asistencial con un empleo por un periodo máximo de 180 días, sin reducción de la cuantía, o simultanear la prestación contributiva con un salario a partir del año de percepción del paro.
La nueva reforma también mantendrá medidas incluidas en la anterior, como son la simplificación de los trámites administrativos para acceder al subsidio, con la eliminación del mes de espera para las personas que hayan agotado su prestación contributiva y quieran solicitar el subsidio.
Finalmente, se mantendrá en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivaron el rechazo de Podemos a la misma al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura.
Respecto a las cuantías, la mejora que recogía la reforma no convalidada se mantiene en el nuevo texto que Trabajo ha propuesto a los agentes sociales, de manera que durante los 12 primeros meses de percepción se establecerán en tres tramos: el subsidio será del 95% del Iprem durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales con el Iprem actual, 90 euros más); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).
Al subsidio podrán acceder ahora personas víctimas de violencia de género o sexual, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado (unos 200.000, según cálculos sindicales).
Además, los trabajadores residentes en Marruecos que hayan desempeñado su última relación laboral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, amparados por autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos, podrán acceder a la protección por desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España, siempre que reúnan todos los requisitos establecidos en la legislación aplicable y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
La reforma elimina los subsidios parciales para quienes hubieran trabajado a tiempo parcial, pudiendo cobrarlos íntegros, al tiempo que permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados (que son los necesarios para acceder a una prestación contributiva) puedan acceder al subsidio, medida que beneficiará fundamentalmente a los jóvenes.
Se facilitará además el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para las personas que acceden al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, alternativamente, y se ampliará la cobertura al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar.
Al mismo tiempo, se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y, adicionalmente, se compromete una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía.
La reforma permitirá también que aquellos que están cobrando subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, pasar a incorporarse en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una pasarela de la que quedarán excluidas las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, que se mantendrán en el subsidio.
Asimismo, se introduce como causa de suspensión del subsidio que los trabajadores fijos-discontinuos sean llamados a reiniciar su actividad y no se reincorporen a su puesto de trabajo, salvo causa justificada.
La reforma establecerá también un mecanismo de reserva de políticas activas de empleo para mayores de 52 años para destinar una parte de los fondos de empleo a estas personas (este año serán unos 630 millones de euros).
