La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha advertido de que su formación recurrirá a instancias nacionales y europeas si el Gobierno acaba llevando a cabo una reforma de la Ley Presupuestaria para sortear la capacidad de veto irrevocable que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública, prólogo de la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Uno de los pasos previos a la elaboración de los Presupuestos es informar sobre el techo de gasto de las cuentas públicas y acompañarlo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que debe presentarse a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y según consta en el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tanto los objetivos como la senda tienen que ser aprobados por el Congreso y el Senado y, en caso de caer en alguna de las dos Cámaras, el Gobierno tendría que diseñarlos de nuevo.
El PP cuenta con la mayoría absoluta en el Senado por lo que, ante la posibilidad de que el Ejecutivo quiera controlarlo todo e ir más allá, los periodistas preguntaron a Gamarra si tiene constancia de si ahora que hay una Orden Ministerial para comenzar a elaborar las cuentas, va a enmendar la ley para sortear ese veto, el de la Cámara Alta. «No tenemos constancia de que lo vaya a hacer, pero no nos extrañaría en absoluto», ha señalado la portavoz ‘popular’.
La portavoz de los populares advirtió de que, de acometer el Gobierno esa reforma de la Ley Presupuestaria, sería con el único objetivo de querer «controlar todo». «Seguiremos denunciándolo no solo en las instituciones y en las instancias internas que tenga España, sino también evidentemente en el resto de las instituciones europeas si eso es posible», ha detallado.
El PSOE ya intentó en 2018 introducir una reforma legal para sortear un veto del PP en el Senado, de modo que si sólo era la Cámara Alta la que rechazaba los objetivos presupuestarios del Gobierno, valía con que volviera al Congreso para poder aprobarse el techo de gasto con una mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra.
Se trataba de una enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que los socialistas querían introducir a una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
El Partido Popular denunció también que, en el Congreso de los Diputados, no habrá «control» al Gobierno hasta el Pleno del 13 de diciembre y que, en el caso del presidente Pedro Sánchez no se producirá hasta siete días después, en la sesión del 20 de diciembre.
Así lo trasladó en rueda de prensa la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del PP donde destacó que, hasta entonces, habrá «cinco meses» para que Sánchez vuelva a «pisar» el Congreso «para rendir cuentas», aludiendo al periodo entre la última vez que el jefe del Ejecutivo compareció en la Cámara Baja -17 de mayo-. Un tiempo en el que se han celebrado elecciones generales y la investidura de Sánchez como presidente el pasado 16 de noviembre.
Ante la amnistía
Gamarra, también ha solicitado este jueves que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díaz también se aparten del debate sobre la amnistía en este tribunal, igual que ha anunciado el exministro de Justicia Juan Carlos Campo.
Campo, magistrado progresista del TC, ha decidido abstenerse de un recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley de amnistía para salvaguardar la «imparcialidad» del TC, después de que en los informes sobre los indultos a los condenados por el ‘procés’ que firmó cuando era ministro de Justicia reflejara que dicha medida era «inconstitucional».
La secretaria general del PP ha señalado que Campo «se abstiene por haber formado parte del Gobierno» y «debiera de abstenerse sobre todos aquellos asuntos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, no solo y exclusivamente sobre éste» relativo a la amnistía.
«Esperamos que lo haga en todas aquellas solicitudes que ha presentado el PP en distintos procedimientos de amparo y de inconstitucionalidad que tenemos planteados ante el Tribunal Constitucional y que afectan al mismo Gobierno del que él formó parte», ha resaltado.
Al ser preguntada si el PP va a plantear que también se inhiba la magistrada Laura Díaz, que fue asesora de Moncloa, Gamarra ha subrayado que ella también formó parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por lo tanto, debería también apartarse.
A su entender, es un paso que deberían dar «todos aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen alguna tacha de parcialidad o de no independencia». «Evidentemente hay dos que han formado parte del mismo –en alusión a Campo y Díaz– y hay un tercero como mínimo que es Cándido Conde-Pumpido que también debería apartarse de lo que tiene que ver con este asunto», ha resaltado.
Gamarra ha indicado que se trata de un asunto de «máxima importancia y relevancia» y, por lo tanto, no debería «participar ningún miembro del Tribunal Constitucional» que «pueda ser cuestionado». CH
