El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, considera que la reacción de Pedro Sánchez a la decisión de un juez de abrir diligencias para investigar una denuncia contra su mujer por supuesto tráfico de influencias es «desproporcionada». Así se ha referido al periodo de reflexión abierto el pasado miércoles por el presidente del Gobierno para decidir si presentaba su dimisión, una opción que finalmente hoy ha descartado.
Antes de inaugurar en la Universidad Complutense una jornada sobre la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto a representantes de las asociaciones judiciales, Guilarte se ha referido a los ataques al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la denuncia contra Begoña Gómez. «Tengo que defender a los jueces, no creo que haya ninguna cuestión que deba imputárseles», ha señalado el presidente en funciones del Consejo, que ha enmarcado la decisión del magistrado en «una cierta normalidad». Una actuación judicial que, ha remarcado, ha desencadenado sin embargo «un efecto gigantesco e insospechado», una relación de causa-efecto que considera «un poco desproporcionada», informa Efe.
«Lo que haya hecho el juez bien hecho está en principio y si hay argumentos para que esto no siga, pues que se archive sin más», ha zanjado al respecto Guilarte, quien no obstante no cree que la permanencia de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo vaya a conseguir desatascar la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de cinco años, facilitando un acuerdo entre el PSOE y el PP. De hecho, defiende que el bloqueo para la renovación persiste porque los político, «unos y otros», quieren «captar su cuota de poder en el ámbito judicial».
«Yo creo que hay que serenar un poco las cosas, hemos vivido unos días de mucha inquietud e incertidumbre, ahora puede haber más conflictos y ya se ha cargado bastante sobre el Poder Judicial y no es un clima muy propicio», ha puntualizado. La realidad, según Guilarte, es que «está todo muy deteriorado», por lo que aboga por «hacer un pacto muy global y reorganizar las relaciones con el poder legislativo y con el poder ejecutivo».
Por su parte, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha calificado de «previsible» la decisión de Sánchez. «No había motivos para dimitir por un procedimiento penal que lo normal es que se siga cuando existen posibles indicios de la comisión de un hecho delictivo y, del mismo modo que se abre, se puede cerrar si transcurridas las diligencias de investigación se ve que no hay nada», ha dejado claro.
Del Barco ha lamentado que durante estos días de reflexión de Sánchez «hayamos oído hablar de golpismo judicial y se haya atacado a los medios de comunicación» por «no hacer bien su trabajo». Y sobre la renovación del CGPJ ha señalado que «el PSOE se niega a hacer una modificación de la ley orgánica y con el PP no quiere pactar absolutamente nada». En todo caso, ha subrayado, la situación del Consejo «resulta insostenible y es necesario que se pongan de acuerdo como tendrían que ponerse de acuerdo en muchas cuestiones que afectan a la Justicia».
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha achacado al PP la responsabilidad de que el órgano de gobierno de los jueces no se renueve. «Hay un partido, el PP, que no cumple la ley y que ha planteado un chantaje», ha manifestado en alusión a la exigencia de los populares de que el PSOE asuma un compromiso «para cambiar la forma de elección» de los vocales, dejando en manos de la carrera la elección de los doce vocales de procedencia judicial.
Y sobre la decisión de Sánchez, la considera «un acto de normalidad democrática» porque «simplemente ha habido una persona que se ha visto afectada por lo que sucedía». A su juicio existe «una instrumentalización por parte de algunos partidos políticos del trabajo judicial», por lo que ha pedido responsabilidad a sus dirigentes «para que actúen con mesura y prudencia».
Y respecto a la denuncia a Begoña Gómez, ha indicado: «Confiamos en que el sistema judicial funcione con normalidad, que si existe algún tipo de indicio que se persiga pero que si no lo hay que se exija responsabilidad a quien haya presentado una denuncia sin fundamento».
